El diputado Arancibia Rodríguez desmintió haber participado de reuniones vinculadas a represores y de la visita a una cárcel
El legislador nacional salió al cruce de versiones y negó que apoye algún proyecto a favor de los militares condenados por delitos de lesa humanidad.
Tras la visita de un grupo de diputados de La Libertad Avanza a represores en el penal de Ezeiza que provocó rechazo y una crisis en el bloque, Alberto Arancibia Rodríguez emitió un comunicado a través de sus redes sociales para hacer aclaraciones y fijar su posición.
“Atento las manifestaciones falaces y maliciosas de algunos medios de comunicación, desmiento categóricamente haber participado de cualquier tipo de reunión que estuviera vinculada con los represores condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar”, aseguró el diputado nacional por San Luis.
Al mismo tiempo Arancibia Rodríguez dijo: “Niego haber visitado a los mismos en el penal donde se encuentran cumpliendo su condena y niego apoyar cualquier tipo de proyecto a favor de los referidos”.
Además expresó que “como ferviente defensor de la democracia, siempre se deben respetar los valores democráticos, sus instituciones y la división de poderes del estado”.
La foto de los diputados de LLA con los represores en el penal de Ezeiza.
Seis diputados nacionales de La Libertad Avanza (LLA) visitaron 11 de julio a Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti, Adolfo Donda, Mario Marcote, Miguel Britos, Honorio Martínez Ruiz, Marcelo Cinto Courtaux, Julio César Argüello, Manuel Cordero, Gerardo Arráez, Antonio Pernías y Carlos Suárez Mason (hijo). La comitiva estuvo integrada por los diputados Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, María Fernanda Araujo, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra y Rocío Bonacci.
La comitiva estuvo integrada por los diputados Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, María Fernanda Araujo, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra y Rocío Bonacci.
Durante la visita ex agente de inteligencia, Raúl Guglielminetti le entregó a Benedit un borrador de un proyecto para que se les otorgue a los condenados de lesa humanidad prisión domiciliaria.